Venezuela — cuando la amenaza se convirtió en fuerza

El 3 de enero de 2026, Estados Unidos realizó una intervención militar en Venezuela, atacó instalaciones dentro del territorio, capturó a Nicolás Maduro y Cilia Flores y los trasladó a Estados Unidos. No se trata de una invasión hipotética ni de una predicción. Es un uso documentado de la fuerza cuya falta de legalidad fue expuesta en términos excepcionalmente directos por el Departamento Federal de Asuntos Exteriores de Suiza.

La intervención fue precedida por meses de ejecuciones marítimas y escalada militar estadounidense en el Caribe. El orden importa. El estudio anterior mostró cómo presuntos delincuentes fueron transformados en objetivos militares mediante designaciones del Ejecutivo y evidencia secreta. Este estudio examina el siguiente cambio de escala: de la fuerza letal contra pequeñas embarcaciones al uso directo de la fuerza contra el territorio venezolano, seguido por presión continuada sobre las decisiones del Estado.

En Miedo, escrito antes de la intervención, describí el temor producido al observar cómo gobiernos poderosos escogen qué crímenes castigar y cuáles tolerar. En Dolor, escrito después, el peligro ya no era futuro. Esos textos establecen mi posición y la cronología de mi preocupación. No sustituyen la evidencia. Las conclusiones jurídicas de este estudio descansan en documentos oficiales, en particular en la evaluación suiza.

No recupero esos artículos para decir «te lo dije». Comencé Dolor rechazando precisamente esa frase. Los recupero porque permiten distinguir una advertencia anterior de una reconstrucción retrospectiva. Miedo demuestra que la preocupación existía antes del ataque; no demuestra por sí mismo por qué ocurrió. La tarea de este estudio es examinar el mecanismo con documentos que no dependen de mi memoria ni de mi emoción.

El caso venezolano exige mantener separadas tres preguntas: ¿era democráticamente legítimo el gobierno de Maduro?, ¿fue legal la intervención estadounidense?, ¿son estratégicamente autónomos los actos posteriores del Estado venezolano? La respuesta a una pregunta no determina las otras.

Esta separación constituye el centro del método. Impide que la oposición a Maduro sea utilizada como justificación jurídica de fuerza extranjera e impide que la oposición a esa fuerza se convierta en excusa para ignorar la represión del gobierno de Maduro. Un estándar universal debe superar ambas pruebas.

Lo que establece la evaluación jurídica suiza

El memorando suizo del 13 de enero de 2026 concluyó que la acción estadounidense violó la prohibición del uso de la fuerza del artículo 2(4) de la Carta de la ONU, la soberanía y la integridad territorial venezolanas, el principio de no intervención y la inmunidad personal de Maduro como jefe de Estado efectivo. No encontró un ataque armado que sustentara legítima defensa, un mandato del Consejo de Seguridad ni consentimiento venezolano.

El documento clasificó la intervención como agresión en el sentido general del derecho internacional. También concluyó que las amenazas creíbles y continuadas de nueva fuerza, utilizadas para obligar a las autoridades venezolanas a cumplir exigencias estadounidenses, violaban por sí mismas la prohibición de la fuerza y el principio de no intervención.

El memorando no determinó que Venezuela estuviera bajo ocupación beligerante. La ocupación es una condición jurídica fáctica que exige control efectivo y no consentido del territorio. Según Suiza, la influencia estadounidense sobre el Gobierno venezolano no equivalía, en aquel momento, a ese control territorial. El vocabulario exacto es intervención contraria al derecho internacional, agresión y coerción, salvo que evidencia posterior demuestre el umbral independiente de ocupación.

La propia conducta suiza revela una tensión. Sus juristas describieron con claridad la intervención, mientras el Consejo Federal congeló posibles activos vinculados a Maduro después de su pérdida del poder, utilizando la legislación suiza de recuperación de activos. El memorando explicó que la medida depende del hecho de la pérdida de poder, no de la legalidad del modo en que se produjo. Es un ejemplo práctico de dos lógicas institucionales simultáneas: una rama registra la violación; otra administra las consecuencias del nuevo hecho creado por ella.

El memorando es una evaluación jurídica oficial, no una sentencia de la Corte Internacional de Justicia. Su valor reside en la precisión con la cual un gobierno normalmente alineado con el orden occidental describió la conducta de Estados Unidos. La clasificación debe atribuirse correctamente, sin inflarla más allá del documento.

La legitimidad no cancela la soberanía

El historial democrático de Maduro y las alegaciones de represión siguen siendo materias legítimas de rendición de cuentas. Pero la Carta de la ONU no concede a un Estado extranjero un derecho general de invasión cada vez que cuestiona la legitimidad de otro gobierno. Si lo hiciera, la prohibición de la fuerza se convertiría en autorización para que el Estado más poderoso decidiera qué gobiernos merecen protección.

La distinción no constituye una defensa de Maduro. Es una defensa del derecho de los venezolanos a no recibir un orden político escogido mediante fuerza militar extranjera. Un dirigente puede ser represivo, electoralmente ilegítimo o acusado de delitos y, al mismo tiempo, conservar las inmunidades y protecciones soberanas destinadas a impedir que las relaciones internacionales se conviertan en un sistema de secuestro organizado.

De la participación en la CPI al retiro

Venezuela ratificó el Estatuto de Roma en 2000. La Fiscalía de la CPI abrió un examen preliminar sobre Venezuela en febrero de 2018 y, en noviembre de 2021, inició formalmente una investigación sobre presuntos crímenes de lesa humanidad, según el expediente Venezuela I de la Corte.

La relación ya era conflictiva antes de la intervención de 2026. La Asamblea Nacional había aprobado en diciembre de 2025 una iniciativa para derogar la ley de ratificación. El 24 de julio de 2026, el Gobierno venezolano entregó al Secretario General de la ONU la notificación formal de retiro. El documento del depositario registra los motivos declarados por Venezuela: selectividad, politización, sesgo contra países en desarrollo y utilización de la Corte como instrumento de lawfare. El retiro entrará en vigor el 24 de julio de 2027.

La cronología incluye también la posición estadounidense. El 13 de julio de 2026, el Departamento de Estado anunció una campaña para desmantelar lo que denominó la amenaza de la CPI contra la soberanía estadounidense y presionar a otros Estados para retirarse. Después de la notificación venezolana, el Departamento acogió públicamente la decisión.

La secuencia plantea una pregunta inevitable: ¿a qué política servía el retiro? Servía al interés previo de las autoridades venezolanas por escapar de una investigación sobre presuntos crímenes. También servía a la campaña anunciada por la administración Trump contra la Corte. La intervención de enero y las amenazas de nueva fuerza eliminaron las condiciones normales de autonomía política.

Nada de esto demuestra que Marco Rubio u otro funcionario estadounidense haya ordenado directamente el retiro venezolano. Las fuentes demuestran presión pública e intereses alineados, no una orden privada. La conclusión responsable es que el retiro fue un acto oficial venezolano adoptado bajo condiciones de autonomía estratégica gravemente restringida.

La inferencia tiene límites definidos. La evidencia de que las autoridades venezolanas buscaban el retiro antes de enero debilita cualquier afirmación de que Washington originó la política. La intervención, las amenazas continuas y la campaña estadounidense contra la CPI fortalecen la conclusión de que la decisión final ocurrió en un entorno coercitivo favorable a ambos gobiernos. Un modelo correcto admite que más de un actor puede beneficiarse del mismo acto.

La conducta estadounidense posterior refuerza la inferencia sin demostrar una orden privada. El 9 de octubre, OFAC designó a la propia CPI, no solo a jueces o fiscales individuales, y emitió licencias estrechas que preservan transacciones específicas. Rubio declaró que la medida prohibiría transacciones con la Corte, le cortaría recursos y paralizaría su funcionamiento. El objetivo declarado por Washington no consiste únicamente en corregir un caso: busca impedir que la institución actúe contra personal estadounidense e inducir a sus aliados a restringirla o abandonarla.

Lo que el retiro no borra

El artículo 127 del Estatuto de Roma hace que el retiro sea prospectivo. Entra en vigor un año después de la notificación, salvo que se indique una fecha posterior. No elimina obligaciones nacidas mientras el Estado era parte, no afecta la cooperación relacionada con investigaciones o procesos iniciados antes de la fecha efectiva y no impide que la Corte continúe considerando asuntos ya sometidos a su examen.

La notificación venezolana no elimina la situación existente ante la CPI ni borra retroactivamente su competencia sobre presuntos delitos cometidos mientras el Estatuto era aplicable. La investigación de la Corte tampoco otorga a Estados Unidos autoridad para atacar Venezuela. La responsabilidad penal internacional y la prohibición de la fuerza entre Estados son partes diferentes del derecho; una no puede anularse para defender la otra.

El riesgo futuro es real, pero más estrecho que una inmunidad. Hasta el 24 de julio de 2027, Venezuela continúa siendo Estado Parte. Después de que el retiro entre en vigor, la base territorial ordinaria para nuevos presuntos crímenes cometidos únicamente en territorio venezolano ya no surgiría de la membresía venezolana, salvo que existiera otra base de competencia o una remisión del Consejo de Seguridad. Estados Unidos tampoco es Estado Parte y puede vetar una remisión. El retiro crea así una brecha prospectiva de rendición de cuentas para ciertas conductas futuras de personal estadounidense en Venezuela; no borra la competencia anterior, termina la investigación Venezuela I ni garantiza que ningún foro pueda actuar jamás.

La distinción importa al interpretar la discusión de DW News sobre el intento de Washington de inutilizar la Corte. La explicación de Michael Lynk —que nacionales de un Estado no parte pueden quedar bajo competencia territorial cuando los presuntos crímenes ocurren en un Estado Parte— es jurídicamente relevante para actividades militares estadounidenses en el exterior. Sustenta la conclusión de que Washington posee un interés institucional en reducir el alcance territorial de la Corte. No prueba una intención de cometer atrocidades en Venezuela. La afirmación defendible es que la presión estadounidense y el retiro venezolano reducen una vía prospectiva de rendición de cuentas al mismo tiempo que la potencia interventora busca proteger a su personal.

La competencia sobre el crimen de agresión presenta otra limitación. El memorando suizo explicó que la CPI no podía ejercerla en estas circunstancias: Estados Unidos no es parte del Estatuto, Venezuela no había ratificado las enmiendas de Kampala y una remisión del Consejo de Seguridad era políticamente inverosímil. Eso no significa que la intervención tuviera base legal. Significa que puede existir una violación sin un tribunal disponible para procesarla.

Un despliegue militar posterior y los límites de lo que demuestra

La intervención de enero debe distinguirse del despliegue militar estadounidense posterior a los terremotos del 24 de junio. El Comando Sur declaró que las autoridades interinas venezolanas solicitaron esa asistencia posterior. Su expediente público ubica fuerzas estadounidenses en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar y el Puerto de La Guaira, y documenta infantes de marina, marinos, aeronaves y el USS Fort Lauderdale. El 2 de julio, el Comando Sur informó que casi 2.000 militares estadounidenses apoyaban la operación entre Venezuela y centros logísticos en Puerto Rico y Curazao. Reuters informó por separado, citando al comandante del Comando Sur, que más de 900 estaban dentro de Venezuela y unos 800 en los dos centros caribeños.

Esos hechos establecen una presencia militar extranjera considerable en territorio venezolano durante la operación de socorro. No establecen 2.000 tropas de ocupación dentro de Venezuela, bases permanentes estadounidenses ni un despliegue sin consentimiento. El consentimiento para asistencia tras el terremoto tampoco puede legalizar retroactivamente el ataque de enero: el consentimiento se limita al acto, propósito y período para los cuales fue otorgado.

El expediente público también exige cautela sobre la duración. El 22 de julio, la Fuerza Aérea estadounidense declaró que la 621st Contingency Response Wing había concluido su despliegue en Venezuela después de movilizar casi tres millones de libras de ayuda. Eso demuestra el final de la misión de esa unidad, no la retirada de todo elemento militar o de inteligencia estadounidense. No se ha encontrado una relación pública completa de fuerzas, una lista final de retirada ni un acuerdo que autorice bases permanentes. La conclusión correcta es, por tanto, un despliegue de socorro documentado, solicitado y aparentemente temporal, con una huella máxima considerable; no una fuerza de ocupación permanente documentada.

El mapa del Estado venezolano

El Estado venezolano presenta ahora al menos tres características simultáneas:

• personalidad jurídica: Venezuela continúa siendo un Estado soberano y los actos oficiales siguen siendo atribuibles a sus autoridades;
• legitimidad disputada: las cuestiones de validez electoral, represión y responsabilidad interna no fueron resueltas por la intervención extranjera;
• autonomía restringida: la capacidad demostrada y la voluntad declarada de Estados Unidos de emplear fuerza limitan las decisiones que los funcionarios venezolanos pueden tomar libremente.

Estas capas explican por qué «el Gobierno decidió» es una descripción incompleta. Una firma puede ser válida como acto oficial y, al mismo tiempo, haber sido producida dentro de un conjunto de opciones restringido por coerción contraria al derecho. En sentido contrario, la coerción no vuelve automáticamente nulo todo acto gubernamental ni demuestra que cada funcionario sea un agente estadounidense. Cada decisión exige evidencia sobre autoría, presión, beneficio y alternativas.

Aquí debe distinguirse objetividad de neutralidad. La objetividad me obliga a expresar lo que la evidencia no puede demostrar, incluso cuando una acusación más fuerte resultaría retóricamente satisfactoria. La neutralidad me exigiría actuar como si el uso de la fuerza contrario al derecho internacional y la población sometida a él ocuparan posiciones equivalentes. No las ocupan.

De la autonomía restringida a la tutela de facto

La evidencia publicada después del memorando suizo permite precisar el mecanismo. La Orden Ejecutiva 14373, firmada por Donald Trump el 9 de enero de 2026, define una categoría denominada, en traducción propia, «fondos de depósito de un gobierno extranjero»: ingresos derivados de recursos naturales venezolanos pagados al Gobierno de Estados Unidos o mantenidos por este en cuentas designadas del Tesoro. La orden prohíbe transferirlos, retirarlos o disponer de ellos salvo autorización estadounidense, y establece que el secretario de Estado determina las instrucciones para sus desembolsos. El documento reconoce que el dinero continúa siendo propiedad de Venezuela. Precisamente por eso su administración desde Washington constituye evidencia directa de una transferencia material de capacidad decisoria, aunque no transfiera formalmente la titularidad.

El reportaje de BBC News Mundo del 10 de agosto de 2026 reúne otros indicadores posteriores: influencia estadounidense sobre la comercialización petrolera, las reformas sectoriales, el alivio de sanciones, el diálogo entre gobierno y oposición y el distanciamiento respecto de aliados tradicionales. El artículo atribuye a Benigno Alarcón la expresión «soberanía suspendida» y a Colette Capriles la descripción de una «suerte de tutela». Son caracterizaciones de especialistas entrevistados, no categorías jurídicas establecidas por un tribunal ni hechos que deban aceptarse solamente por aparecer en la BBC.

Sin embargo, las caracterizaciones encuentran apoyo independiente en la orden ejecutiva, en el plan estadounidense de estabilización, recuperación y transición y en la capacidad militar demostrada el 3 de enero. La relación observable es asimétrica: Washington controla palancas que afectan la supervivencia del gobierno interino y, al mismo tiempo, el margen operativo de la oposición. Esto convierte a Estados Unidos en actor de veto para proyectos políticos venezolanos enfrentados. La dependencia simultánea de ambos bandos no vuelve consensuada la intervención original ni transforma la resignación en consentimiento libre.

También exige una corrección temporal. La gestión posterior puede operar sin nuevos ataques diarios; no por ello debe describirse, sin más, como una intervención «no armada» o «no sangrienta». La estructura actual fue precedida y posibilitada por una operación militar que atacó territorio venezolano, capturó a sus autoridades y dejó vigente una amenaza creíble de repetición. El lenguaje correcto debe distinguir entre el origen armado de la coerción y su administración posterior mediante controles económicos, diplomáticos e institucionales.

Esta evidencia fortalece la conclusión de autonomía gravemente restringida. No demuestra ocupación beligerante, control estadounidense de cada decisión venezolana ni inexistencia de agencia propia en Delcy Rodríguez, el chavismo o la oposición. «Tutela de facto» puede utilizarse como descripción política del conjunto de dependencias; para la clasificación jurídica continúan siendo más seguros los términos del memorando suizo: intervención contraria al derecho internacional, agresión, amenaza de fuerza y violación del principio de no intervención.

De la custodia de ingresos a un operador identificado y contratos no publicados

La posición probatoria cambió después del anuncio del 28 de agosto. El 31 de agosto, la Casa Blanca identificó a North American Blue Energy Partners (NABEP) y publicó la descripción estadounidense de la estructura. Afirma que las autoridades interinas venezolanas concedieron a NABEP derechos por 100 años sobre 17 campos con aproximadamente 65 mil millones de barriles de reservas probadas; que la Office of Strategic Capital del Departamento de Guerra recibió 35 % de la sociedad matriz de NABEP; que el Departamento de Estado puede comprar 20 % de toda la producción presente y futura a costo de producción y tiene derecho preferente sobre el 80 % restante; y que Estados Unidos posee veto sobre los nombramientos del consejo, mayoría de ciudadanos estadounidenses en él y ley y jurisdicción estadounidenses para su acuerdo con NABEP. Son ahora afirmaciones oficiales publicadas, no términos atribuidos únicamente a fuentes anónimas.

Siguen sin ser cláusulas contractuales publicadas. La ficha no reproduce el acuerdo Estados Unidos–NABEP, el contrato PDVSA–NABEP, los instrumentos de cada campo ni la lista de campos. Su afirmación de «concesiones de 100 años» también convive con una versión venezolana materialmente distinta. El 7 de septiembre, el presidente de PDVSA, Héctor Obregón, dijo a EFE que el instrumento venezolano es un contrato PDVSA–NABEP por 25 años iniciales, renovable por acuerdo mutuo durante períodos similares, y que la participación estadounidense ocurre mediante el 35 % de NABEP. Es una declaración atribuida a un funcionario identificado, no una transcripción ni una cláusula de renovación examinable. Una posible secuencia de prórrogas de 25 años no equivale a un derecho de 100 años adquirido desde el inicio.

La Asamblea Nacional sí actuó, pero debe precisarse el objeto de su acto. Su «Acuerdo en respaldo al Convenio Energético Binacional» fue publicado en la Gaceta Oficial Nº 43.449 del 1 de septiembre. La resolución respalda políticamente el convenio, ratifica la propiedad estatal de los recursos e invita a los organismos competentes a informar sobre su ejecución. No incorpora ni anexa el convenio; no identifica a NABEP, los 17 campos, el 35 % o los derechos de compra, ni escoge entre 25 y 100 años. La publicación corrigió la ausencia de una resolución parlamentaria pública. No creó una aprobación legislativa informada de cláusulas que los diputados y la población todavía no pueden examinar.

La ejecución avanzó, sin embargo. La Licencia General 52C de OFAC, emitida el 14 de septiembre, autoriza a funcionarios bloqueados de PDVSA a ejecutar y firmar contratos en su capacidad oficial para operaciones autorizadas. Exige que determinados pagos monetarios a personas bloqueadas pasen por los Foreign Government Deposit Funds o por otra cuenta indicada por el Tesoro y que los contratos cubiertos sitúen la resolución de controversias en Estados Unidos, Reino Unido, Francia o Singapur. No autoriza extinguir deuda venezolana o de PDVSA, transferir participación venezolana en PDVSA ni alterar la gobernanza de CITGO. La licencia es un instrumento estadounidense de ejecución sancionatoria; no es el contrato petrolero.

Otros proyectos demuestran igualmente que la ejecución comercial se adelanta a la divulgación. El Departamento de Energía anunció inversiones de Chevron superiores a US$7 mil millones durante cinco años, un contrato Eni–PDVSA de 25 años para Junín 5 con Eni como operador exclusivo y un acuerdo con GE Vernova para la red eléctrica. El 16 de septiembre informó de un memorando PDVSA–Continental Resources sobre el bloque Ayacucho 2, de 126.000 acres, que Continental estima contiene 30 mil millones de barriles in situ. Ninguno de los instrumentos subyacentes fue publicado y ningún documento público demuestra que Ayacucho 2 integre el paquete de 17 campos de NABEP. Petróleo in situ no equivale a reservas probadas recuperables, y una participación de trabajo anunciada no es propiedad del recurso bajo tierra.

La fiscalización congresional estadounidense confirma, en lugar de cerrar, la brecha documental. El 15 de septiembre, una moción de un subcomité de la Cámara para citar a agencias y empresas por los documentos de NABEP fracasó 6–6. El 2 de octubre, demócratas del comité dijeron que el Departamento de Estado había entregado un documento sobre el acuerdo estadounidense para adquirir participación en NABEP, pero retuvo el acuerdo Rodríguez–Betancourt y las auditorías de KPMG sobre el fondo petrolero. El documento entregado tampoco se hizo público. Una carta congresional afirma que unos US$3 mil millones habían circulado por el fondo hasta el 16 de abril —antes del anuncio de NABEP— y que las auditorías prometidas no habían llegado al Congreso. Ese monto no debe describirse como ingreso producido por el acuerdo de agosto.

La autoridad jurídica de la estructura estadounidense anunciada también es objeto de una impugnación formal dentro del Congreso. En una carta del 30 de septiembre, los principales demócratas de los comités senatoriales de Relaciones Exteriores, Fuerzas Armadas, Banca y Energía sostuvieron que la ley creadora de la Office of Strategic Capital no autoriza expresamente participaciones accionarias en empresas petroleras privadas y que no está clara la autoridad del Departamento de Estado para una compra de largo plazo destinada a usos militares y otros usos sensibles. Solicitaron los acuerdos completos y la autoridad jurídica de cada operación «antes de que sean finalizados». Es una impugnación legislativa oficial y una solicitud documental, no una sentencia que declare ilegal el arreglo. Su redacción añade además una inconsistencia institucional sobre si la estructura anunciada estaba completa, pero no prueba que ningún acuerdo hubiera sido firmado.

El mismo modelo de custodia podría extenderse al oro, pero no se ha documentado una transferencia consumada. El 18 de septiembre, el Financial Times informó, citando a cuatro personas familiarizadas con la negociación, que el Gobierno y la oposición estaban cerca de pactar el traslado de unos US$4 mil millones en oro del banco central desde el Banco de Inglaterra al Banco de la Reserva Federal de Nueva York, con acceso supervisado y restringido. El Banco de Inglaterra indicó que no podía actuar sin una nueva orden judicial británica. Es reportería atribuida creíble sobre una estructura propuesta, no un acuerdo firmado, una transferencia oficial ni prueba de que el oro ya se encuentre en Nueva York.

La base constitucional continúa siendo más clara que los contratos. El artículo 12 de la Constitución venezolana declara los yacimientos de hidrocarburos propiedad de la República, bienes del dominio público e inalienables. El artículo 150 exige aprobación de la Asamblea Nacional para contratos de interés público nacional con Estados, entidades oficiales extranjeras o sociedades no domiciliadas en Venezuela. Un Estado puede conservar la titularidad del petróleo bajo tierra mientras otro actor adquiere extensos derechos operativos, de compra, gobernanza y pago. La conclusión correcta no es que Estados Unidos sea propietario de todo el petróleo venezolano, sino que Washington anunció una estructura de control extraordinariamente amplia mientras retiene los instrumentos necesarios para auditar su duración, legalidad, valoración y exigibilidad.

Canelón y Pulido: traslados sin una ruta publicada

El traslado de Aníbal Alexander Canelón Aguirre muestra lo que estas abstracciones pueden significar para una persona común. Las autoridades estadounidenses lo acusan de dirigir una conspiración de malware contra cajeros automáticos y de apoyar al Tren de Aragua. Son cargos penales, no condenas. El Departamento de Justicia registra que compareció en el Distrito de Nebraska el 2 de octubre, se declaró no culpable y quedó detenido mientras continúa el proceso 8:25-cr-00242. OFAC lo identifica como nacional venezolano con cédula V-13.126.628.

El lugar fue inicialmente incierto en el expediente público. La posterior y más específica transcripción del FBI en Omaha afirma que la Guardia Costera lo aprehendió «en el mar», que un agente del FBI de Omaha estuvo presente y que la Guardia Costera y el Critical Incident Response Group del FBI lo transportaron por agua y aire hasta Nebraska. Esa versión oficial cambia el mapa jurídico, pero omite hechos decisivos: no se han publicado coordenadas, distancia de la costa, embarcación, pabellón, autoridad de abordaje, consentimiento venezolano, puerto intermedio, solicitud de extradición, orden de deportación o expulsión, orden judicial venezolana ni audiencia venezolana.

Si autoridades venezolanas detuvieron y entregaron a un nacional venezolano, quedarían directamente comprometidos el artículo 69 de la Constitución y el artículo 6 del Código Penal —que impiden extraditar a un venezolano— junto con las garantías de libertad y debido proceso de los artículos 44 y 49. El tratado bilateral de 1922 establece un procedimiento formal de requerimiento; no elimina la prohibición constitucional posterior basada en la nacionalidad. Cambiar el nombre de una extradición por expulsión o entrega informal no resolvería el fondo si se demostraran custodia y entrega estatales. Si, por el contrario, Estados Unidos lo arrestó de forma independiente fuera del territorio venezolano, el artículo 69 no obligaría por sí mismo a los agentes estadounidenses; el análisis dependería del pabellón del buque, la zona marítima, el consentimiento y la autoridad jurídica para abordar. Si la aprehensión ocurrió dentro del mar territorial venezolano sin consentimiento, entraría en juego la soberanía protegida por el artículo 1.

El expediente actual no demuestra ni una entrega venezolana inconstitucional ni una operación lícita en alta mar. Demuestra un arresto marítimo opaco y un traslado rápido cuya base jurisdiccional pública está incompleta.

La operación de Canelón ya no aparece aislada. El 13 de octubre, la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos confirmó que Álvaro Pulido Vargas estaba en el Distrito Sur de Florida después de coordinación entre agencias estadounidenses y «socios internacionales». El comunicado oficial no identifica dónde ni quién lo arrestó, cómo salió de Venezuela ni una extradición, expulsión, audiencia u orden de entrega. Sus señalamientos penales siguen siendo acusaciones y Pulido conserva la presunción de inocencia.

Bloomberg Línea informó, citando a una persona conocedora del asunto, que Pulido poseía ciudadanía venezolana y permaneció en una prisión a las afueras de Caracas hasta su traslado; lo describió como al menos la segunda persona trasladada de Venezuela a Estados Unidos durante ese mes e informó que Caracas no hizo anuncio alguno. El País atribuyó su entrega al gobierno de Rodríguez e identificó a altos actores políticos venezolanos como participantes. Son reportajes atribuidos de alta credibilidad, no una admisión oficial venezolana ni un acto judicial publicado.

El caso Pulido no prueba que él y Canelón siguieran la misma ruta ni establece quién puso a Canelón en el mar. Sí modifica el peso de la inferencia. Otra persona que, según los reportes, permanecía bajo custodia venezolana llegó a un tribunal estadounidense mientras ambos gobiernos ocultaron el procedimiento jurídico. El expediente combinado permite ya investigar un canal organizado de transferencias intergubernamentales en lugar de tratar el arresto marítimo como un encuentro aislado. Si se confirman oficialmente la ciudadanía venezolana de Pulido y su entrega estatal, el artículo 69 quedaría directamente comprometido pese a cualquier nacionalidad adicional. Para una persona común, el peligro constitucional deja así de limitarse a una sola operación inexplicada: transferencias repetidas pueden crear una vía de facto para eludir la prohibición por nacionalidad evitando el nombre y las garantías de la extradición. Esa conclusión sigue siendo una inferencia analítica, no la descripción documentada de un mecanismo común. La gravedad de las acusaciones no sustituye los actos ausentes ni el debido proceso.

Lo que la población venezolana debe observar

Los indicadores prácticos no son los adjetivos diplomáticos. Son puntos de control:

• nombramientos en seguridad, energía, justicia y política exterior;
• el texto completo, las aprobaciones, la duración, el operador y los beneficiarios reales de cada acuerdo petrolero;
• la distribución de la producción, derechos de compra, precios, costos, impuestos, regalías e ingresos;
• presencia o mando de personal militar y de inteligencia extranjero;
• condiciones impuestas para aliviar sanciones, permitir acceso financiero u otorgar reconocimiento;
• arrestos, traslados o procesos solicitados por autoridades extranjeras;
• cambios en tratados y cooperación judicial;
• amenazas creíbles de nueva fuerza vinculadas a decisiones venezolanas específicas;
• publicidad y control interno de los textos oficiales y negociaciones.

Para los venezolanos en el exterior, criticar conductas estatales documentadas no es extremismo. La crítica debe organizarse con disciplina probatoria: conservar documentos primarios, distinguir conclusiones jurídicas de juicios políticos, no afirmar un control secreto sin pruebas y no confundir hostilidad contra un gobierno con hostilidad contra un pueblo.

El Estudio de caso VI examina una conexión diferente y ahora mejor sustentada: Washington presenta su pretendido control sobre el petróleo venezolano como promesa de menores precios estadounidenses y abastecimiento estratégico mientras la guerra con Irán mantiene elevados los costos energéticos antes de las elecciones de noviembre. Sigue sin existir evidencia transaccional de que los ingresos venezolanos estén pagando deuda federal estadounidense. Ese límite continúa siendo cierto, pero ya no es el significado principal del expediente petrolero.

Conclusión

El hecho central no es que Estados Unidos pueda invadir Venezuela. Utilizó fuerza militar en Venezuela el 3 de enero de 2026. La conclusión jurídica central tampoco es una afirmación partidista venezolana. El Ministerio de Exteriores de Suiza identificó múltiples violaciones del derecho internacional y no encontró una justificación válida.

La pregunta política central es qué significa la soberanía después de ese acto. Venezuela sigue siendo formalmente soberana, pero su gobierno actúa bajo una amenaza demostrada de nueva fuerza. El retiro de la CPI es atribuible a Venezuela y coincide con el interés previo de sus autoridades por escapar del escrutinio. Coincide también con la campaña de la administración Trump contra la Corte y fue completado bajo condiciones coercitivas creadas por esa administración.

La clasificación correcta no es elección soberana normal ni mando extranjero probado. Es decisión formal bajo autonomía restringida.

El anuncio petrolero proporciona una estructura medible a esa abstracción. Washington afirma control mayoritario, acceso a precio de costo y abastecimiento estratégico; Caracas afirma propiedad continuada y un acuerdo de desarrollo de 25 años; ninguno publicó el documento capaz de resolver sus descripciones incompatibles. La soberanía no puede auditarse mediante consignas de ninguna de las dos capitales. Debe comprobarse en el contrato, las aprobaciones, los flujos de dinero y quién puede decir que no.

Escribo esto como venezolano que se ha opuesto a los abusos de los gobernantes venezolanos y que también rechaza la idea de que una fuerza extranjera pueda decidir nuestro futuro político. No son posiciones contradictorias. Son las condiciones mínimas de una regla universal: ningún gobierno obtiene inmunidad mediante retórica antiimperialista y ninguna gran potencia obtiene un derecho de intervención por identificar correctamente los crímenes de otro gobierno.