Cuando la intervención se convierte en destrucción y abandono

Las intervenciones militares extranjeras suelen narrarse desde el punto de vista de la potencia que interviene. El debate comienza con su percepción de amenaza, sigue a sus tropas y termina cuando su gobierno declara retirada o victoria. Para la población civil del Estado atacado, esa cronología es falsa. La pérdida de familiares, instituciones, viviendas, educación y seguridad económica continúa mucho después de que la potencia haya revisado sus objetivos.

Afganistán, Irak y Siria no fueron una sola guerra ni comparten una causa única. No deben reducirse a la afirmación de que Estados Unidos, por sí solo, «los destruyó». La comparación permite una conclusión más disciplinada. Potencias externas emplearon o prolongaron la fuerza y sobrestimaron su capacidad para construir un orden político. Transfirieron el costo de largo plazo a las poblaciones locales y conservaron el poder de decidir cuándo su propia responsabilidad debía considerarse terminada.

No comparo estas sociedades porque los venezolanos estemos destinados a repetir su historia. Las comparo porque un civil no puede evaluar una intervención únicamente mediante la intención declarada de la potencia o su primer resultado militar. Como físico, no extrapolaría entre sistemas con condiciones iniciales diferentes sin declarar los límites. Como venezolano, tampoco puedo ignorar un mecanismo recurrente solo porque el resultado final no será idéntico.

Alcance de la comparación

Este estudio no intenta decidir «qué país fue destruido en mayor medida». Intenta rastrear la distribución del control y del costo de largo plazo. La comparación pregunta quién definió la amenaza, quién escogió el uso y la duración de la fuerza, quién controló la retirada, qué instituciones conservaron viabilidad y qué población heredó las consecuencias.

La existencia de seguridad sostenible, gobierno representativo y capacidad institucional atribuibles a una intervención debilitaría la conclusión general. Por eso las mejoras limitadas en infraestructura, educación o salud deben ser incluidas, no ocultadas. Existieron. La conclusión es que no maduraron hasta convertirse en el orden político duradero utilizado para justificar la escala y duración de las intervenciones.

Irak: invasión antes de agotar las opciones pacíficas

La invasión de 2003 encabezada por Estados Unidos derrocó rápidamente a Saddam Hussein. La Investigación sobre Irak del Reino Unido concluyó después que las opciones diplomáticas no se habían agotado, la acción militar no era el último recurso y no existía una autorización explícita del Consejo de Seguridad. También determinó que las evaluaciones sobre las capacidades armamentísticas iraquíes fueron presentadas con una certeza injustificada y que la planificación de la posguerra fue inadecuada.

Esas conclusiones importan porque proceden de una investigación oficial realizada por uno de los principales Estados de la coalición. Demuestran que la catástrofe no puede explicarse solamente como un fracaso imprevisible posterior a una decisión sólida. La coalición entró sin prepararse adecuadamente para la sociedad y las instituciones que existirían después del colapso del régimen.

La invasión y la ocupación fueron seguidas por descomposición estatal, insurgencia, violencia sectaria, tortura, desplazamiento masivo y el posterior ascenso de ISIS. Irak conservó un Estado, elecciones e instituciones públicas significativas; decir que quedó «solo destrucción» sería inexacto. La conclusión defendible es que la intervención no produjo el orden democrático, estable y seguro invocado para justificarla, mientras la población iraquí absorbió consecuencias radicalmente desproporcionadas frente a las soportadas por los Estados invasores. A finales de 2025, ACNUR todavía registraba más de un millón de personas desplazadas internamente.

La arquitectura financiera también sobrevivió a la ocupación, pero no bajo un único mandato jurídico inalterado. La Resolución 1483 del Consejo de Seguridad ordenó depositar los ingresos por exportaciones petroleras en el Fondo de Desarrollo para Irak. El Tesoro estadounidense lo describió en 2003 como una cuenta del Banco Central de Irak mientras la Autoridad Provisional de la Coalición, encabezada por Estados Unidos, administraba los recursos; la GAO documentó después depósitos del gobierno iraquí en ese fondo en el Banco de la Reserva Federal de Nueva York. La Resolución 1956 terminó el régimen de la ONU el 30 de junio de 2011 y la Orden Ejecutiva 13668 puso fin en 2014 al régimen especial estadounidense de inmunidad. Los estados financieros auditados del banco central identifican las cuentas sucesoras en la Reserva Federal de Nueva York, incluida «Iraq 2» para los ingresos de embarques petroleros.

No deben confundirse dos períodos. Durante la ocupación, la Autoridad Provisional ejerció control administrativo directo. Hoy los fondos son propiedad del banco central iraquí y se mantienen en infraestructura financiera estadounidense; custodia no equivale a propiedad, y el arreglo también protege ingresos, facilita acceso a dólares y estabiliza pagos. Pero la continuidad del lugar de custodia y el poder estadounidense de cumplimiento crean un punto de estrangulamiento duradero. En abril de 2026, The Washington Post informó que Washington suspendió aproximadamente 500 millones de dólares en entregas físicas de efectivo mientras intentaba influir en decisiones iraquíes; la mayoría de las transferencias electrónicas continuaron según el reportaje. Reuters informó después que el petróleo aporta alrededor de 90 % del presupuesto estatal iraquí y que los controles estadounidenses sobre el acceso a dólares conservan una influencia extraordinaria. La comparación exacta de veintitrés años con Venezuela no es «Estados Unidos posee el petróleo de ambos países». Es que a una intervención militar siguió una arquitectura de ingresos radicada en Estados Unidos mediante la cual Washington conservó influencia mucho después de la operación inicial. La Orden Ejecutiva 14373 venezolana es más explícita sobre la autoridad de desembolso del secretario de Estado estadounidense; la cuenta iraquí actual pertenece formalmente al Banco Central de Irak.

Afganistán: veinte años de objetivos sin una teoría operativa

La intervención en Afganistán comenzó después de los atentados del 11 de septiembre de 2001 y se expandió hasta convertirse en un proyecto de veinte años destinado a derrotar grupos armados y construir un Estado centralizado. El Inspector General Especial para la Reconstrucción de Afganistán concluyó que Estados Unidos tuvo dificultades para definir y ejecutar una estrategia coherente. Impuso plazos irreales, rotó personal con demasiada rapidez, comprendió mal las instituciones locales y creó proyectos que no podían sostenerse.

El regreso de los talibanes al poder nacional en agosto de 2021 mostró la diferencia entre gasto y capacidad duradera. Hubo mejoras reales en educación, salud, infraestructura, medios y vida urbana, en particular para mujeres y niñas. Su fragilidad hace el fracaso más grave, no menos. Un proyecto presentado como transformación dejó a la población afgana bajo un nuevo gobierno autoritario, restricciones extremas contra mujeres y niñas, desplazamiento y una crisis humanitaria después de que la principal potencia externa decidiera retirarse. ACNUR continúa documentando el desplazamiento y las necesidades de protección resultantes.

Siria: devastación acumulativa, no una historia de invasor único

Siria exige la mayor precisión causal. La devastación surgió de la represión de las protestas y la conducta bélica del Gobierno de Bashar al-Assad; de grupos opositores armados y extremistas; de ISIS; de la intervención militar rusa e iraní; de operaciones encabezadas por Estados Unidos; de la intervención turca; de milicias financiadas desde el exterior; de sanciones; y de la división del territorio entre autoridades rivales.

Ningún relato honesto puede atribuir toda la destrucción siria a Washington. Tampoco puede excluir las consecuencias de las operaciones militares estadounidenses, su apoyo a socios armados, su participación territorial, sus sanciones y sus decisiones estratégicas. El hecho rector es la internacionalización acumulativa: potencias externas persiguieron intereses de seguridad limitados mientras los sirios vivían en un país fragmentado cuya reconstrucción física, social y política ninguna de esas potencias podía o quería garantizar. En marzo de 2025, el Secretario General de la ONU seguía describiendo violencia, desplazamiento y una transición extremadamente frágil.

El ciclo recurrente

En los tres casos aparece un patrón:

se identifica una amenaza excepcional;
la fuerza se presenta como necesaria y controlable;
los objetivos militares inmediatos sustituyen un acuerdo político creíble;
las instituciones se rompen o fragmentan;
actores armados locales y patrocinadores extranjeros se expanden;
la población civil absorbe muerte, huida y colapso económico;
la potencia reduce sus promesas iniciales;
la retirada termina su exposición política interna, no la crisis local.

Este patrón no es una ley mecánica. Es un modelo de riesgo. Permite formular las preguntas omitidas por los planes oficiales: ¿quién garantizará la seguridad después del primer ataque?, ¿qué instituciones sobrevivirán a la remoción de dirigentes?, ¿cómo responderán las facciones armadas?, ¿quién mantendrá servicios y salarios?, ¿cómo afectarán las sanciones la reconstrucción?, ¿qué obligación acepta la potencia cuando cambien sus prioridades?

El modelo también posee una secuencia. La construcción del objetivo y la compresión jurídica suelen preceder una intervención mayor. Por eso el siguiente estudio comienza con las ejecuciones marítimas del Caribe y no con el ataque contra Venezuela: examina cómo presuntos delincuentes fueron convertidos primero en objetivos militares y cómo la fuerza letal se normalizó cerca del territorio venezolano.

Venezuela: comparación como advertencia, no profecía

Estados Unidos utilizó fuerza militar en Venezuela el 3 de enero de 2026, capturó a Nicolás Maduro y amenazó con nuevas acciones para imponer cooperación. La evaluación jurídica oficial suiza encontró violaciones de la prohibición de la fuerza, la soberanía, la integridad territorial, la no intervención y la inmunidad de Maduro, sin una justificación jurídica válida.

Venezuela no es Afganistán, Irak ni Siria. La escala, duración, actores e instituciones son diferentes. Sería irresponsable declarar inevitable un resultado idéntico. La comparación se refiere a la arquitectura:

una potencia externa construye una amenaza en términos excepcionales de seguridad;
reclama autoridad para determinar un resultado político extranjero;
la fuerza y la amenaza de nueva fuerza restringen decisiones locales;
la población civil enfrenta consecuencias económicas e institucionales que no escogió;
la potencia externa puede redefinir más tarde el éxito y reducir su exposición.

El peligro no es únicamente un nuevo bombardeo. Es una dependencia estratégica prolongada: funcionarios venezolanos tomando decisiones formalmente nacionales dentro de límites impuestos por una potencia capaz de atacar otra vez. El gobierno puede conservar personalidad jurídica mientras pierde libertad significativa sobre seguridad, energía, justicia y relaciones exteriores.

La terminología precisa es indispensable. La acción de enero fue una intervención militar contraria al derecho internacional y, según Suiza, un acto de agresión. En la fecha de esa evaluación no constituía una ocupación beligerante porque Estados Unidos no ejercía control efectivo sobre el territorio venezolano. Llamarla ocupación sin demostrar ese umbral sustituiría análisis por analogía. Llamarla transición consentida borraría la fuerza que estructuró el resultado.

Conclusión civil

Cualesquiera que hayan sido las mejoras limitadas en Afganistán, Irak o Siria, las promesas mayores asociadas con la intervención no fueron cumplidas. Las poblaciones afectadas heredaron desplazamiento, instituciones dañadas y soberanía fragmentada, mientras las potencias externas conservaron más control sobre escalada, recursos y retirada.

Para los venezolanos, la respuesta racional no es pánico ni confianza. Es documentación y contingencia. Conserve sus registros. Observe quién controla cada institución. Separe una firma oficial venezolana del entorno coercitivo en el cual fue producida. Trate las amenazas de nueva fuerza como evidencia de autonomía restringida. Rechace la ficción de que una potencia externa necesariamente permanecerá para reparar el orden que altera.

Para la potencia interventora, la guerra termina cuando su gobierno decide que la misión terminó. No termina para la población que hereda la posguerra.

La frase es analítica, pero también personal. En Dolor escribí que se me hacía muy difícil mirar a los niños de mi familia sin pensar en aquellos que no tenían siquiera la oportunidad de sobrevivir las guerras escogidas por personas con poder. Esa reacción no demuestra una cifra ni una relación causal. Sí explica por qué una cifra de víctimas, aun cuando sea comparable y esté respaldada por una fuente, nunca debe convertirse en un método para volver abstractos a esos niños. La disciplina científica debe proteger el significado humano frente a la exageración, no expulsarlo del análisis.