Deuda, abandono humanitario y control de recursos

La deuda nacional bruta de Estados Unidos superó los US$40 billones en agosto de 2026. Es una cifra extraordinaria y grave. No explica, por sí sola, por qué un gobierno desmantela programas humanitarios, preserva instrumentos de coerción mucho más costosos o asume control sobre ingresos producidos por los recursos naturales de otro país. Una restricción fiscal puede ser real; la selección del sacrificio es política.

Me interesa esa selección. Las personas fuera de Estados Unidos no votaron por su política tributaria, su gasto militar, su legislación presupuestaria o los intereses acumulados de su deuda. Sin embargo, pueden perder alimentos, tratamiento antirretroviral, atención prenatal, agua potable o protección cuando Washington las escoge como el lugar políticamente menos costoso para recortar. El ahorro presupuestario permanece en Estados Unidos. El riesgo de muerte es exportado.

Este estudio separa cinco afirmaciones que la retórica suele confundir. La deuda es un hecho fiscal verificado. El desmantelamiento de USAID y la contracción de programas vinculados con la ONU son hechos documentados de política y operación. Los millones de muertes adicionales son proyecciones de modelos contrafactuales, no un conteo mundial de cadáveres ya concluido. El uso de ingresos venezolanos para pagar deuda estadounidense sigue sin respaldo transaccional. Sí resulta visible un uso diferente de esos recursos: la administración presenta su pretendido control sobre el petróleo venezolano como promesa de abastecimiento estratégico y precios menores mientras la guerra con Irán impone un costo energético electoral.

La cifra y el mecanismo

Associated Press informó el 19 de agosto de 2026, con datos del Tesoro, que la deuda federal bruta total había superado los US$40 billones. La deuda bruta suma la deuda en manos del público y las tenencias intragubernamentales. No es la misma medida que la deuda en manos del público, que la Oficina de Presupuesto del Congreso proyectó en 101 % del PIB para 2026 y 120 % para 2036.

La CBO proyectó un déficit federal de US$1,9 billones para el año fiscal 2026, más de US$1 billón en pagos netos de intereses y una carga creciente durante la década siguiente. Su análisis identifica el aumento de Seguridad Social, Medicare e intereses, además de cambios importantes producidos por la ley de conciliación de 2025, los aranceles y las medidas migratorias. No identifica la asistencia humanitaria como causa de la trayectoria fiscal.

La deuda produce presión, argumentos y oportunidad política. No dicta instrucciones. Nada en la cifra de US$40 billones determina que un equipo móvil de salud en Afganistán deba cerrar antes que modificar un programa de armas, un privilegio tributario u otro gasto interno. La deuda crea un campo para la política de austeridad; los gobiernos deciden a quién sacrificar dentro de él.

Una infraestructura civil desmantelada

El desmantelamiento fue administrativo antes que estadístico. La Orden Ejecutiva 14169 ordenó en enero de 2025 pausar y revisar la asistencia estadounidense para el desarrollo. El Servicio de Investigación del Congreso, de carácter no partidista, registra que el secretario de Estado Marco Rubio anunció en marzo la terminación de 83 % de los programas administrados por USAID y el traslado de los programas restantes al Departamento de Estado. Ese 83 % describe una proporción de programas; no demuestra una reducción de 83 % en cada partida o en cada país.

No eran subvenciones intercambiables que podían apagarse sin destruir capacidad. Los sistemas humanitarios y de desarrollo son redes de trabajadores formados, laboratorios, contratos de suministro, rutas de vacunación, sistemas de datos, organizaciones locales y relaciones de confianza. Una suspensión puede despedir al personal y disolver la logística antes de que un tribunal, un parlamento u otro donante consiga revertirla.

En febrero de 2025, el Secretario General de la ONU describió consecuencias inmediatas de los recortes estadounidenses: más de nueve millones de personas en Afganistán perderían servicios de salud y protección; programas suspendidos en el nordeste de Siria; asistencia monetaria suspendida en regiones de Ucrania; apoyo agotado en Sudán del Sur; e interrupciones de programas contra VIH/sida, tuberculosis, malaria y cólera. No fueron proyecciones de un adversario político. Fueron consecuencias operativas informadas por las instituciones encargadas de esos programas.

La contracción se extendió luego al sistema humanitario más amplio y fue agravada por recortes de otros donantes. En julio de 2025, el Programa Mundial de Alimentos proyectó recursos 34 % inferiores a los de 2024 y calculó que la reducción de la ayuda alimentaria de emergencia podía afectar hasta 16,7 millones de personas, entre ellas tres millones que ya se encontraban en emergencia alimentaria. ACNUR advirtió que 12,8 millones de personas desplazadas, incluidos 6,3 millones de niños, podían quedar sin intervenciones vitales de salud durante 2025. Estas cifras describen exposición y pérdida de servicios; no son, por sí mismas, conteos de muertes.

Lo que las cifras de mortalidad demuestran —y lo que no—

Un estudio revisado por pares publicado en The Lancet en 2025 estimó que el financiamiento de USAID estuvo asociado con 91,8 millones de muertes evitadas entre 2001 y 2021, incluidas 30,4 millones de niños menores de cinco años. Bajo su escenario de reducción, el modelo proyectó aproximadamente 14,1 millones de muertes adicionales entre 2025 y 2030, entre ellas 4,5 millones de niños menores de cinco años.

Un estudio más amplio publicado en The Lancet Global Health en 2026 examinó la asistencia oficial para el desarrollo de los principales donantes en 93 países de ingresos bajos y medios. Proyectó 9,4 millones de muertes adicionales hasta 2030 si continuaban las tendencias recientes y 22,6 millones bajo el escenario de recortes graves; respectivamente, 2,5 millones y 5,4 millones corresponderían a niños menores de cinco años.

Esas cifras deben describirse como proyecciones producidas por modelos contrafactuales. Comparan la mortalidad esperada bajo distintas trayectorias de financiamiento. No son millones de muertes individuales ya certificadas y atribuidas a un único acto administrativo. Los intervalos de incertidumbre, los supuestos y la dependencia de decisiones futuras forman parte del resultado.

La precisión no vuelve imaginario el riesgo. Un reportaje de Associated Press desde Nepal, publicado en agosto de 2026, documentó el mecanismo concreto: interrupción de programas de salud reproductiva y nutrición, pérdida de seguimiento de embarazos de alto riesgo, debilitamiento de la recopilación de datos y trabajadores sanitarios y funcionarios que informaban más complicaciones y muertes. El reportaje no establece una cifra causal mundial ni demuestra que cada muerte individual habría sido evitada por un programa específico. Sí muestra cómo el riesgo estadístico se convierte en una persona, un embarazo, una enfermedad sin tratar y luego una ausencia dentro de una familia.

La conclusión exacta ya es gravísima. No se han observado y auditado individualmente millones de muertes como consecuencia de los recortes. Modelos revisados por pares proyectan millones de muertes adicionales si estos continúan, mientras los registros operativos de la ONU y el trabajo periodístico en terreno muestran que los mecanismos que preservaban vidas han sido efectivamente eliminados.

¿Cuándo un recorte de ayuda es contrario al derecho internacional?

La categoría moral es más amplia que la jurídica. El derecho internacional no impone a Estados Unidos una obligación general de financiar todo programa extranjero o cada solicitud voluntaria de una agencia de la ONU. Terminar una contribución voluntaria puede ser cruel, irresponsable y previsiblemente mortal sin constituir automáticamente un hecho internacionalmente contrario al derecho.

Los deberes específicos cambian el análisis. Las contribuciones obligatorias a las Naciones Unidas son distribuidas bajo el artículo 17 de la Carta y no son iguales a las donaciones humanitarias voluntarias. Durante un conflicto armado, las partes y los Estados de tránsito correspondientes deben permitir y facilitar el paso rápido y sin trabas de ayuda humanitaria imparcial, sujeto a los controles definidos por el derecho internacional humanitario; retirar financiamiento de un donante no es jurídicamente idéntico a bloquear un convoy disponible. Bajo la Convención sobre el Genocidio, el deber de prevenir nace cuando un Estado conoce o debería conocer un riesgo grave y exige utilizar los medios razonablemente disponibles según su capacidad de influencia. La influencia financiera y militar puede, por tanto, adquirir relevancia jurídica ante un riesgo de genocidio, aunque no exista un deber universal de financiar cada programa de asistencia.

Esta distinción evita dos errores. Impide que un gobierno utilice la ausencia de un deber universal de financiamiento para presentar una muerte masiva previsible como un accidente. También impide que yo declare cada recorte un crimen de guerra sin identificar un conflicto armado, la posición jurídica del actor, el deber específico y la conducta que lo incumple.

La pregunta más rigurosa suele ser acumulativa. Un Estado puede retirar asistencia mientras continúa proporcionando armas, inteligencia, protección diplomática o apoyo económico al actor que produce la necesidad humanitaria. El análisis jurídico no puede examinar el alimento ausente y la capacidad coercitiva suministrada como si pertenecieran a mundos separados. Cada aporte, omisión, nivel de conocimiento y relación causal debe probarse, pero el objeto de investigación es la relación completa.

La deuda y la selección del sacrificio

La ayuda exterior es políticamente vulnerable porque muchas de las personas que viven o mueren gracias a ella no tienen voto en el Estado donante. Los costos de un recorte son distantes, tardíos, repartidos entre países y registrados con frecuencia en estadísticas sanitarias, no en un campo de batalla. El beneficio político interno —anunciar ahorros, imponer una ideología o destruir una institución— es inmediato.

Esa asimetría explica por qué un gasto puede ser fiscalmente pequeño frente a una deuda bruta de US$40 billones y, al mismo tiempo, existencial para quien pierde una ración o un medicamento. Eliminar capacidad humanitaria no resuelve los factores estructurales identificados por la CBO. Demuestra qué vidas considera el gobierno disponibles para una escenificación barata de austeridad.

Llamo a esto externalización fiscal: un Estado conserva el beneficio político de una decisión presupuestaria y transfiere su costo humano a personas fuera del electorado y fuera de las instituciones capaces de revertirla. Es una inferencia analítica, no una afirmación de que la deuda causó mecánicamente los recortes o de que cada funcionario deseaba las muertes resultantes. No hace falta inventar un motivo secreto para condenar la política. Previsibilidad, elección y negativa a corregir bastan para establecer responsabilidad en el análisis político y moral; la responsabilidad jurídica exige además las pruebas específicas explicadas arriba.

Venezuela: el control proclamado se convierte en instrumento energético electoral

La Orden Ejecutiva 14373 estableció en enero una primera forma de control: determinados ingresos venezolanos por recursos naturales permanecen en cuentas designadas del Tesoro estadounidense, su transferencia o retiro exige autorización de Estados Unidos y el secretario de Estado controla las instrucciones de desembolso. La orden afirma que el dinero continúa siendo propiedad soberana venezolana. Esa diferencia entre propiedad y control reaparece en el acuerdo anunciado el 28 de agosto.

La descripción oficial estadounidense es ahora más específica. El 31 de agosto, la Casa Blanca identificó a North American Blue Energy Partners (NABEP) y afirmó que posee derechos por 100 años sobre 17 campos; que la Office of Strategic Capital del Departamento de Guerra recibió 35 % de la sociedad matriz de NABEP; y que el Departamento de Estado puede comprar 20 % de la producción a costo y tiene derecho preferente sobre el 80 % restante. También anunció veto estadounidense sobre cada director, mayoría de ciudadanos estadounidenses en el consejo y ley y jurisdicción estadounidenses. Son afirmaciones oficiales, pero los contratos e instrumentos de los campos siguen sin publicarse. El presidente de PDVSA, Héctor Obregón, describió después un contrato PDVSA–NABEP inicial de 25 años, renovable de mutuo acuerdo. Un plazo renovable de 25 años no equivale a una concesión centenaria adquirida desde el inicio.

El registro parlamentario y regulatorio no resuelve la discrepancia. La Gaceta Oficial Nº 43.449 publica la resolución de respaldo político de la Asamblea, pero no el convenio que respalda. La Licencia General 52C de OFAC autoriza a funcionarios bloqueados de PDVSA a firmar contratos autorizados, canaliza determinados pagos mediante fondos controlados por Estados Unidos y selecciona sedes extranjeras para controversias, mientras excluye expresamente la liquidación de deuda de PDVSA y la transferencia de participación venezolana en PDVSA. La ejecución está así mejor documentada que el acuerdo ejecutado.

El momento político interno no es una conjetura. AP situó el anuncio en medio de una presión creciente por el precio del combustible, seis meses después del comienzo de la guerra con Irán y a pocos meses de las elecciones de noviembre. La Administración de Información Energética de Estados Unidos registró la gasolina regular en US$4,085 por galón el 24 de agosto, US$0,938 más que un año antes, y el diésel en US$5,652, con un aumento de US$1,944. El informe de agosto de la Agencia Internacional de Energía documentó el mecanismo de la conmoción más amplia: cierre continuado del estrecho de Ormuz, 8,3 millones de barriles diarios de producción del Golfo todavía fuera del mercado, inventarios observados 410 millones de barriles por debajo del nivel existente al comenzar la guerra y el crudo North Sea Dated cerrando julio en US$96,80 por barril.

Esos hechos no demuestran que la guerra con Irán haya causado cada centavo del aumento estadounidense en la bomba. Sí establecen que la guerra restringió la oferta del Golfo y mantuvo elevados los precios del crudo y los combustibles mientras la administración anunciaba las reservas venezolanas como alivio. También revelan un desfase temporal. Los especialistas energéticos consultados por AP indicaron que la infraestructura venezolana deteriorada necesitaría años y miles de millones de dólares antes de generar un aumento sustancial. El electorado recibe ahora la imagen de control; cualquier efecto material sobre la oferta llegaría después, si el arreglo no publicado sobrevive sus riesgos jurídicos, políticos, financieros y de ingeniería.

El contexto estratégico también debe atribuirse, no inventarse. James M. Lindsay, del Council on Foreign Relations, escribió que la operación no produjo la victoria rápida prometida por Trump: seis meses después, Irán no había colapsado ni capitulado, el tránsito de tanqueros por Ormuz seguía muy por debajo del nivel anterior a la guerra y Estados Unidos carecía de una buena opción para imponer sus exigencias. Elliott Abrams, antiguo representante especial de Trump para Irán y Venezuela, argumentó que el presidente quería restablecer el flujo de petróleo y reducir los precios antes de las elecciones legislativas, y que un arreglo que dejara a Irán en control de Ormuz utilizaría la negociación para ocultar la derrota. «Derrota estratégica» es su evaluación, no un hecho oficial adjudicado. El calendario incumplido, los objetivos no alcanzados, la vía marítima restringida y el costo energético sostenido son el expediente observable que la sustenta.

La operación política puede nombrarse, por tanto, sin pretender acceso a la mente privada de Trump. La administración convierte el petróleo venezolano bajo tierra en poder de reserva «estadounidense», promete combustible más barato y presenta la dominación exterior como competencia interna. Es razonable inferir que el anuncio funciona como compensación electoral y como intento de cubrir el fracaso estratégico y de precios de la guerra con Irán. El expediente no demuestra que ese fuera el único motivo del acuerdo, que la producción venezolana pueda reducir los precios antes de las elecciones o que el pacto vaya a ejecutarse en los términos anunciados.

El límite relativo a la deuda permanece, pero ya no ocupa el centro del mapa. La orden ejecutiva, la Licencia General 52C y la estructura societaria anunciada siguen sin mostrar ingresos venezolanos entrando en la cuenta general estadounidense o pagando acreedores del Tesoro. La licencia excluye expresamente la liquidación de deuda. No existe evidencia de que estos recursos estén pagando la deuda federal estadounidense. Sí existe evidencia de que el control proclamado se utiliza como activo político interno inmediato y de que la estructura anunciada comprende producción, compra a precio de costo, gobernanza societaria y abastecimiento estratégico estadounidense. Los intentos congresionales de examinarla solo produjeron un documento no público, mientras el Departamento de Estado retuvo el acuerdo Rodríguez–Betancourt y las auditorías prometidas de KPMG según demócratas del comité de la Cámara.

Los venezolanos debemos exigir dos registros públicos. El primero es financiero: volúmenes, precios, compradores, cuentas, intereses, comisiones, impuestos, regalías, beneficiarios y auditoría independiente. El segundo es político y productivo: texto completo del acuerdo, propietarios de la compañía, derechos de voto, duración, licencias de campos, cuotas de producción, fórmula de compra a precio de costo, obligaciones de inversión, entregas militares o a la reserva y cada aprobación venezolana. Una afirmación de soberanía que no soporta la publicación no es rendición de cuentas.

Irak: veintitrés años de custodia sin propiedad estadounidense

Irak ofrece la comparación prolongada más cercana, pero no debe reducirse a una consigna. Después de la invasión de 2003, la Resolución 1483 del Consejo de Seguridad creó el Fondo de Desarrollo para Irak y exigió que ingresaran en él los beneficios de las exportaciones petroleras. El Tesoro estadounidense describió la cuenta en el Banco de la Reserva Federal de Nueva York como una cuenta del Banco Central de Irak. Durante la ocupación, la Autoridad Provisional de la Coalición ejerció autoridad directa de gasto sobre el fondo; eso fue más que simple custodia bancaria.

La base jurídica no quedó congelada en 2003. La Resolución 1956 del Consejo de Seguridad terminó el régimen del fondo el 30 de junio de 2011. La Orden Ejecutiva 13668 puso fin después a las prohibiciones especiales estadounidenses que protegían de embargo al fondo y determinados bienes iraquíes. Los estados financieros auditados del Banco Central de Irak de 2020 registran el sucesor operativo: el 27 de mayo de 2014 los saldos fueron transferidos a la cuenta del banco central en la Reserva Federal de Nueva York y se abrió una segunda cuenta, «Iraq 2», para recibir ingresos de embarques petroleros, montos recuperados y saldos congelados. El sistema contemporáneo es, por tanto, una estructura de cuentas sucesoras de propiedad iraquí, no el fondo de ocupación de la ONU sin modificaciones.

La estructura sucesora produjo, sin embargo, influencia demostrable. El 22 de abril de 2026, The Washington Post informó que la administración Trump había suspendido aproximadamente 500 millones de dólares en entregas físicas de billetes vinculadas a ingresos petroleros iraquíes mientras presionaba a Bagdad sobre milicias alineadas con Irán y la selección del primer ministro. El mismo reportaje precisa el límite: el efectivo físico representaba aproximadamente 5 % del flujo y la mayoría de las transferencias electrónicas continuaron. En julio, The Wall Street Journal informó que las entregas se reanudaron después de que Irak aceptara nuevos controles destinados a impedir que dólares llegaran a Irán y sus milicias aliadas. Esos reportajes demuestran el uso de un canal de acceso como palanca política; no demuestran confiscación ni congelación de cada dólar petrolero iraquí.

Una investigación de Reuters publicada el 30 de septiembre de 2026 informa que los ingresos petroleros iraquíes todavía llegan a una cuenta del Banco Central de Irak en la Reserva Federal de Nueva York y que el acceso a dólares y transferencias ofrece a Washington una influencia considerable sobre un Estado cuyo presupuesto depende abrumadoramente del petróleo. El dinero es formalmente iraquí, no ingreso estadounidense. La conclusión precisa es, por tanto, un cuello de botella financiero estadounidense duradero sobre ingresos petroleros de propiedad iraquí, no propiedad estadounidense del petróleo iraquí ni continuación ininterrumpida del poder de la Autoridad Provisional.

La comparación agudiza la advertencia venezolana. Irak demuestra que fondos soberanos formalmente extranjeros pueden permanecer durante décadas dentro de una arquitectura de custodia neoyorquina y que la custodia, el cumplimiento de sanciones y el acceso al dólar pueden producir poder político sin transferencia de titularidad. El arreglo venezolano es más reciente y, según el expediente publicado, en un aspecto más explícito: la Orden Ejecutiva 14373 otorga al secretario de Estado autoridad sobre las instrucciones de desembolso de determinados fondos venezolanos. La similitud establece un modelo que debe vigilarse; no demuestra que ambos sistemas posean el mismo derecho, finalidad o controles.

La auditoría civil

Ante cualquier afirmación futura según la cual la deuda exige recortes humanitarios o control de recursos externos, pregunte:

1. ¿Qué medida de deuda se utiliza: deuda bruta, deuda en manos del público, déficit anual o costo de intereses?
2. ¿Qué ley o decisión presupuestaria creó la restricción alegada?
3. ¿Qué gastos, decisiones tributarias y compromisos militares fueron preservados?
4. ¿Las consecuencias humanas fueron observadas, modeladas o simplemente afirmadas?
5. ¿El financiamiento es voluntario, obligatorio dentro de un sistema convencional o conectado con un deber específico del derecho humanitario?
6. ¿Quién es propietario del recurso controlado, quién lo mantiene y quién autoriza cada desembolso?
7. ¿Qué evidencia permite distinguir entre custodia, administración coercitiva, desvío y confiscación?
8. ¿Quién recibe el beneficio fiscal y quién es obligado a absorber el costo corporal?
9. ¿Se presenta una promesa de oferta futura como si ya hubiera cambiado los precios, las reservas o la posición militar de hoy?
10. ¿El «control» proclamado consiste en propiedad, votos societarios, licencias de campos, opciones de compra, custodia física o retórica política?

Esta auditoría convierte la indignación en una investigación reproducible. No suaviza la conclusión. La vuelve más difícil de evadir.

Conclusión

La deuda no cierra una clínica. Un gobierno lo hace. La deuda no termina una ruta alimentaria, despide a un trabajador sanitario o decide que un niño extranjero constituye un ahorro aceptable. Los funcionarios toman esas decisiones dentro de un entorno fiscal cuyos otros componentes también moldean.

La situación fiscal de Estados Unidos es grave. También lo es el sistema humanitario que decidió romper. El primer hecho no puede borrar el segundo, y que un programa se encuentre fuera de Estados Unidos no vuelve irreales sus consecuencias humanas previsibles. La evidencia actual respalda una acusación precisa: la administración desmanteló capacidad que preservaba vidas; las agencias de la ONU registraron pérdidas inmediatas de servicios; modelos revisados por pares proyectan mortalidad de millones si continúan los recortes; y comunidades reales ya muestran los mecanismos mediante los cuales ocurren esas muertes.

La conclusión sobre Venezuela cambió de manera importante. El control estadounidense ya no está documentado solamente mediante la custodia de determinados ingresos en el Tesoro. Washington identificó oficialmente a NABEP y afirmó derechos accionariales, de gobernanza y compra, mientras los contratos y auditorías siguen inaccesibles y permanece sin resolver el conflicto entre 25 y 100 años. Sigue sin existir evidencia de que los recursos venezolanos estén pagando la deuda federal estadounidense. La comparación con Irak demuestra un peligro distinto y mejor sustentado: la propiedad extranjera puede mantenerse formalmente mientras la custodia en Nueva York y el acceso al dólar crean un veto externo duradero sobre el uso de ingresos petroleros.

La externalización fiscal es una manifestación del patrón, no el patrón completo. El problema general es que los Estados con mayor poder pueden conservar los beneficios electorales, militares o económicos de sus decisiones y desplazar sus costos hacia personas con poca capacidad para votar, resistir, exigir el contrato o hacer cumplir el derecho. En este episodio, Washington reclama ahora la victoria y los barriles futuros; los venezolanos cargan con el riesgo soberano, jurídico y productivo; y el relato se vende antes de que exista el petróleo capaz de cambiar el mercado.

Ese es el propósito de este mapa: no lograr que el poder suene respetable ni permitir que la rabia sustituya la prueba, sino saber exactamente qué ocurrió, qué puede ocurrir después y qué documento demostraría que la línea fue cruzada.